Había recibido 760 mil pesos provenientes de la venta de nuestra antigua casa.
También había firmado un acuerdo aceptando esa cantidad a cambio de no oponerse a la operación.
Pero lo peor era su declaración original.
No se había limitado a firmar algo preparado por el abogado.
Había añadido acusación de su propia letra.
Aseguraba que yo había golpeado a mi padre contra un refrigerador y que lo vigilaba durante las noches.
—Teresa no vino a ayudarte por arrepentimiento —me dijo Daniela—. Vino porque dejaron de pagarle.
Sentí una vergüenza terrible al comprender que había vuelto a confiar en ella.
La llevé ante mi tía Julia, esta vez con pruebas. Julia leyó la declaración y terminó llorando.
Aceptó testificar que nunca había presenciado aquellas amenazas y que también le habían negado las visitas.
Sin embargo, el juzgado rechazará nuestra solicitud urgente de inspección.
Esa noche, Norma me llamó.
—Rafa, descubrimos algo sobre la tarjeta de tu papá.
Su registro no estaba asociado a la residencia, sino a un apartado postal utilizado por la empresa administradora.
Una compañera del área de investigación de transporte había identificado otras cuarenta tarjetas vinculadas a la misma dirección.
Cuarenta y una en total.
Y cuando Daniela comenzó a revisar los nombres, encontró algo que la dejó sin hablar.
Uno de los titulares había fallecido hace tres años.
Sin embargo, su tarjeta había sido utilizada frente al mismo banco apenas la mañana anterior.
PARTE 3
Aquella noche no pude dormir.
Me quedé sentado frente a la mesa de la cocina, observando las copias de los registros que Daniela había obtenido legalmente a través de una solicitud de investigación.
Una pregunta me atormentaba: ¿cómo podía una persona fallecida seguir utilizando una tarjeta de transporte para adultos mayores?
